Dormir bien ya no es solo una necesidad biológica. Es, en el siglo XXI, un privilegio que el sistema distribuye de forma desigual.
Hay una paradoja que pocas veces se nombra en voz alta: las sociedades más productivas del mundo son también las más agotadas. Japón tiene un término para describir la muerte por exceso de trabajo —karoshi— y lo incorporó a su vocabulario legal. Estados Unidos celebra a los ejecutivos que duermen cuatro horas como si el sacrificio del descanso fuera una credencial de ambición. En América Latina, millones de personas trabajan jornadas dobles o triples no por elección, sino por supervivencia. El resultado, en todos los casos, es el mismo: cuerpos y mentes operando por debajo de su capacidad real, sin que nadie en los espacios de poder lo considere un problema urgente.
La neurociencia lleva décadas advirtiendo lo que la cultura del rendimiento prefiere ignorar. Durante el sueño, el cerebro no descansa en el sentido literal: trabaja. Consolida memorias, regula emociones, elimina toxinas acumuladas durante el día a través del sistema glinfático —descubierto apenas en 2012— y restablece los circuitos que gobiernan el juicio, la empatía y la toma de decisiones. Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California en Berkeley y autor de Por qué dormimos, lo sintetiza sin margen para la ambigüedad: no existe ninguna función biológica que no mejore con el sueño ni ninguna que no se deteriore cuando falta.
Lo que Walker y otros investigadores han documentado va más allá de la fatiga. La privación crónica de sueño aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, depresión y deterioro cognitivo. Reduce la capacidad de razonamiento complejo, disminuye la tolerancia a la frustración y, en un detalle que debería inquietar a cualquier analista político, erosiona la capacidad de detectar mentiras y manipulación. Una población exhausta es, en términos neurológicos, una población más vulnerable.
El poder lo sabe. Y no siempre actúa en consecuencia.
Las políticas públicas de salud raramente incluyen el sueño como indicador de bienestar colectivo. Los sistemas laborales en la mayoría de los países siguen organizados bajo una lógica industrial del siglo XIX, donde el tiempo de descanso era concesión, no derecho. Las jornadas de ocho horas —conquista histórica del movimiento obrero— conviven hoy con culturas organizacionales que premian la disponibilidad permanente, los correos a medianoche y la hiperconectividad como señal de compromiso.
La geopolítica agrega otra capa. Las grandes plataformas tecnológicas —diseñadas mayoritariamente en Silicon Valley con modelos de negocio que dependen del tiempo de atención— han convertido la noche en un campo de disputa. Los algoritmos no tienen horario. Las notificaciones no respetan el ciclo circadiano. Y los estudios sobre uso de pantallas antes de dormir muestran que la luz azul suprime la melatonina, desplaza el inicio del sueño y fragmenta su calidad. No es un accidente de diseño: es el modelo.
Frente a ese escenario, dormir bien se ha convertido en algo que requiere decisión, recursos e información. Requiere poder apagar el teléfono sin perder el empleo, vivir en un entorno con ruido controlado, no tener tres trabajos ni una deuda que despierte antes que el sol. La privación del sueño, como casi todo en las sociedades contemporáneas, no se distribuye de manera uniforme: golpea con más fuerza a quienes tienen menos margen para defenderse.
Recuperar el sueño, entonces, no es solo un hábito saludable. Es un gesto de resistencia silenciosa frente a un sistema que lucra con el agotamiento ajeno. Es, en el sentido más literal, un acto político.
