
Ni Susana Riestra, ni Genoveva Huerta y mucho menos Gabriela Ruiz parecen tener hoy una ruta realista para ganar la presidencia municipal de Puebla en 2027. Las tres pueden convertirse en candidatas, recorrer colonias y aparecer en encuestas internas, pero ninguna cuenta con la coalición territorial, empresarial y partidista que llevó a Eduardo Rivera Pérez al Ayuntamiento en 2021.
El problema no es únicamente de conocimiento público: el voto duro que acompañó a Rivera está enfrentado con el grupo de Mario Riestra, actual dirigente estatal, mientras las principales corrientes panistas continúan disputándose comités, candidaturas y posiciones plurinominales. En otras palabras, el PAN pretende recuperar la capital con una estructura partida en dos y con generales que parecen más interesados en controlar las listas que en ganar la guerra. Medios locales han documentado que el conflicto entre el grupo de Rivera y el de Riestra se trasladó incluso a la renovación de la dirigencia municipal.
La matemática electoral confirma el deterioro. Eduardo Rivera consiguió 318 mil 424 votos en 2021, una cifra extraordinaria construida con el respaldo conjunto del PAN, PRI, PRD, sectores empresariales, organizaciones conservadoras y liderazgos territoriales que se unificaron para sacar a Morena del Ayuntamiento. Tres años después, Mario Riestra obtuvo 306 mil 542 sufragios: perdió casi 12 mil votos aun cuando la elección presidencial de 2024 produjo una participación mayor y una movilización nacional más intensa. La disminución nominal fue de apenas 3.7 por ciento, pero el desplome verdaderamente grave ocurrió en la proporción del voto: la coalición opositora pasó de alrededor de 54 por ciento en 2021 a 37.99 por ciento en 2024. Mientras el PAN se estancó, Pepe Chedraui llegó a 427 mil 353 votos y abrió una diferencia de 120 mil 811 sufragios.
Si se proyecta para 2027 únicamente la caída nominal de 3.7 por ciento registrada entre las dos elecciones anteriores, la candidatura panista rondaría los 295 mil votos. Pero ése sería el escenario más optimista, porque supone que el PAN conservará prácticamente intacta su estructura pese a las fugas de operadores, la ruptura con el riverismo y el debilitamiento del PRI. Con una contracción territorial moderada de 8 por ciento, caería a aproximadamente 282 mil sufragios; con una pérdida de 15 por ciento, posible si continúa la guerra interna, terminaría cerca de 260 mil 500. Así, el rango lógico del PAN estaría entre 260 mil y 295 mil votos. No es una encuesta, sino una extrapolación matemática; sin embargo, retrata el tamaño del problema: cualquiera de sus aspirantes tendría que detener la pérdida, recuperar a los riveristas y sumar decenas de miles de electores ajenos al partido solamente para regresar al punto de partida de 2024.
Morena, en cambio, puede perder votos y aun así conservar una ventaja cómoda. Si su candidatura retuviera apenas 85 por ciento de los 427 mil 353 sufragios obtenidos por Chedraui, alcanzaría alrededor de 363 mil 250 votos; si conservara 90 por ciento, llegaría a casi 384 mil 600. Frente al escenario más favorable para el PAN —295 mil votos—, Morena todavía tendría una diferencia de entre 68 mil y 90 mil. Para igualar por sí solo el resultado morenista de 2024, el bloque encabezado por Acción Nacional necesitaría incrementar su votación 39.4 por ciento respecto de la conseguida por Mario Riestra. Eso significaría encontrar más de 120 mil nuevos votos en menos de un año, cuando la información que circula en las colonias apunta exactamente en sentido contrario: antiguos enlaces y movilizadores del blanquiazul están buscando acomodo en Morena, particularmente alrededor de los grupos que consideran con mayores posibilidades de obtener la candidatura.
Las columnas políticas han comenzado a describir una sucesión adelantada que parece diseñada para administrar la derrota. Susana Riestra entró en la disputa no necesariamente porque crea que puede ganar la alcaldía, sino porque colocarse en la contienda podría servirle para negociar una diputación plurinominal y desplazar a Genoveva Huerta. Ella aparece detrás de Blanca Alcalá y de la propia Susana en el posicionamiento interno, aunque sería una de las pocas dispuestas a aceptar una candidatura complicada. Gabriela Ruiz, por su parte, tiene la ventaja de presidir el Comité Municipal, pero controlar las oficinas del partido no equivale a controlar las colonias: puede repartir nombramientos, organizar ruedas de prensa y convocar a la militancia, aunque todavía debe demostrar que es capaz de movilizar cientos de miles de votos. El trascendido de fondo es que la candidatura se está convirtiendo más en una moneda de negociación interna que en un proyecto competitivo.
A este déficit se agrega el costo reputacional del apellido Riestra y su cercanía histórica con el morenovallismo. Diversos medios han identificado a Mario Riestra y Genoveva Huerta como parte del bloque que intenta recuperar el control del PAN poblano, mientras publicaciones nacionales y locales han difundido denuncias, supuestas investigaciones y cuestionamientos patrimoniales contra integrantes de la familia Riestra. También han reaparecido señalamientos periodísticos sobre programas del campo durante la gestión de Rodrigo Riestra y sobre irregularidades atribuidas a dependencias educativas durante los gobiernos morenovallistas. Nada de esto permite afirmar automáticamente responsabilidades penales ni sustituye una sentencia judicial; pero electoralmente ése no es el punto. En campaña, las percepciones pesan antes que los expedientes concluidos, y Morena tendría material suficiente para vincular a la candidata panista con una etapa de opacidad, privilegios y viejas redes de poder. Mario Riestra ha rechazado esos señalamientos y los ha atribuido a una estrategia de difamación política.
Por eso, el dilema del PAN no consiste en escoger entre Susana, Genoveva o Gaby, sino en decidir quién administrará una candidatura que hoy luce estructuralmente derrotada. Susana cargaría con el conflicto de interés político de ser impulsada bajo la dirigencia de su hermano; Genoveva representaría el regreso más evidente del morenovallismo; y Gabriela Ruiz llegaría con menor desgaste, pero también con un nivel de conocimiento y una estructura personal insuficientes. Cualquiera necesitaría una fractura monumental en Morena, una candidatura guinda desastrosa y una reunificación casi milagrosa entre riveristas, yunquistas, morenovallistas y antiguos priistas. Mientras eso no ocurra, la elección se parece menos a una competencia abierta y más a una operación para repartir regidurías y diputaciones. La revelación que circula en los pasillos panistas es incómoda: varios de sus dirigentes ya no estarían calculando cómo recuperar Puebla, sino cómo sobrevivir políticamente a la siguiente derrota.